2006 fue el año en que alumnos de colegios municipales y liceos de nuestro país gestaron una de las revoluciones más potentes que ha vivido nuestro país durante la última década. La marcha de “pingüinos” se expandió de norte a sur. El motivo: exigir a las autoridades tomar medidas concretas para mejorar la calidad de la educación.
Desde entonces el Gobierno ha entregado pases escolares de 24 horas, más raciones alimenticias, PSU gratuita, además de la creación del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. En 2009 entra en vigencia la nueva Ley General de Educación (LGE), con la cual se deroga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). En 2010, un Panel de Expertos para una Educación de Calidad entrega nuevas propuestas para mejorar la formación inicial docente, y se aprueba el proyecto de reforma educacional en la cámara de diputados.
Para mayo de 2011, el movimiento despierta otra vez luego que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Confech) convocara la primera marcha en Santiago. El 16 de junio se realiza una nueva manifestación en la que participan 100 mil estudiantes y profesores de escuelas, liceos y de educación superior.
Han pasado varios años desde entonces. Bachelet volvió a ser presidenta y el conflicto del pasado reaparece. En el discurso de este 21 de mayo la mandataria dijo, “hoy Chile está dando forma a un sistema donde se pueda acceder a una buena educación desde la sala cuna a la educación superior y técnica. Mejorar el acceso y mejorar la calidad: esos son los dos principios que sustentan todas las iniciativas de la reforma educacional, las que ya son ley y las que lo serán antes que termine el Gobierno”.
¿Calidad y gratuidad? La Presidenta explicó que este año se dio comienzo a la gratuidad en la educación superior, la cual será financiada mediante una glosa presupuestaria, siendo hasta el momento 130 mil las familias beneficiadas con la medida, lo que para el Gobierno significa que la Reforma Educacional dejó de ser una promesa. “Quienes estudian gratuitamente representan el 54,3 por ciento de la matrícula 2016 de alumnos nuevos en las universidades adscritas al beneficio”, dijo la mandataria.
¿Por qué entonces el descontento? En enero de este año, el Ejecutivo anunció que serían 80 mil los estudiantes beneficiados por la gratuidad universitaria pero, a finales de marzo, al menos 500 casos de estudiantes matriculados con “gratuidad” no se les entregó el beneficio. Desde el Ministerio de Educación se excusaron diciendo que muchos estudiantes ingresaron datos equívocos. El ambiente se encendió.
Para www.radio.uchile.cl, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales (FEDEP), Carolina Figueroa, dijo que la gratuidad que plantea el Gobierno respondería a un sistema de beca que vendría a reemplazar beneficios anteriores, “la beca Bicentenario o el Fondo Solidario. Es por eso que hay que pensar la gratuidad dentro de una transformación general al sistema educativo”.
El malestar también se hace sentir en las universidades. En entrevista con CNN Chile, el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, afirmó que «la Ministra no conversa con los rectores». Que ello se enteran de propuestas «mediante filtraciones».
Lo que comparte la dirigente de la Confech, Gabriela Iturra, en su comentario para www.diariocontraste.com. «Los estudiantes decidimos materializar la ofensiva que hace unos días atrás iniciamos justamente, porque el Gobierno, el Ministerio de Educación y en este caso la totalidad de los partidos políticos tradicionales, decidieron simplemente legislar a espaldas del movimiento social», aclaró.
Pareciera que el Gobierno toma decisiones por sí mismo y los estudiantes no confían. Es por esto, entre otros motivos, que a finales de abril se convoca a una nueva manifestación (no autorizada), que además conmemora los 10 años desde la primera “marcha pingüina” efectuada en 2006.
Por su parte, la Coordinadora Nacional Estudiantes Secundarios (Cones) reclama una reforma educacional profunda, la que busca, entre otras cosas, calidad en la educación pública y el traspaso total de las escuelas y liceos públicos de los municipios al Estado.
También consideran que la reforma no contempla un cambio sustancial al esquema de financiamiento del sistema escolar, ya que continúa poniendo énfasis en la asistencia y no en un financiamiento basal a los distintos proyectos educativos.
Además, también exigen conocer el proyecto de reforma a la educación superior antes de su envío al Congreso, así como el fin del lucro en las universidades, la gratuidad de la enseñanza (5 años estudiando, 15 pagando), y el traspaso de la administración de los colegios desde los municipios al Ministerio de Educación.
Las protestas continuarán. El pasado jueves la Cones convocó una “besatón” por la Educación Pública en la Plaza de la Constitución, detrás de La Moneda. Y para el jueves 9 de junio ya fue fijada una nueva marcha a nivel nacional para manifestarse por el proyecto de Ley que ingresará al Congreso.
En tanto, dicho proyecto de Ley de Educación Superior será enviado este mes, y pretende fijar las reglas permanentes de la gratuidad y el cómo aumentar la cobertura, incluyendo, por ejemplo, a partir del próximo año, a los institutos profesionales y centros de formación técnica sin fines de lucro, acreditados por cuatro años, para estudiantes de los primeros cinco deciles de ingresos. Considera además, establecer las bases legales para ampliar la gratuidad hasta el sexto decil para el 2018.
¿Serán escuchadas las partes involucradas? esta historia continuará…